El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena resolvió una acción de tutela con el apoyo del aplicativo de inteligencia artificial Chat GPT para confirmar una decisión sobre la garantía del derecho a la salud de un menor de edad que sufre trastorno de autismo.
Este es un precedente único en la justicia colombiana pues nunca antes se había emitido un fallo judicial con apoyo de una alternativa para la redacción de documentos que resolviera asuntos sobre los que hay una amplía literatura en la web.
La metodología que utilizó el juez fue plantear unas preguntas al aplicativo IA, a título de problemas jurídicos, para resolver como parte del análisis del caso concreto y verificar la eventual vulneración de los derechos fundamentales del menor de edad.
Se hicieron preguntas relacionadas sobre el caso e incluso se consultó expresamente al aplicativo de inteligencia artificial sobre su opinión de conceder o no el derecho, resolviendo el juez “adicionar los fundamentos de la resolución del caso a partir de la construcción de textos realizada en el aplicativo IA https://chat.openai.com/chat a título de iniciativa que permita dar celeridad a la resolución de los asuntos de tutela.”
El sustento que utiliza el juzgador para legitimar el uso de la inteligencia artificial es que a través de la Ley 2213 de 2022 se incorpora el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a los procesos judiciales. Ahora bien, revisando dicha normativa se encuentra que se autoriza tal uso siempre que se emplee para satisfacer los fines de idoneidad, facilitación y agilización en el acceso a la justicia.
Precisamente parte de estos objetivos son los que se logran con el uso de la inteligencia artificial pues la máquina procesa la información con mayor velocidad de lo que lo logra hacer el cerebro humano, facilitando así la revisión de cientos de precedentes judiciales que pueden aplicarse al caso que se pretende agilizar.
El gran interrogante se presenta es en la idoneidad de la tecnología para utilizar información que aún no se concibe pueda ser procesada sin la intervención del director del proceso, pues los jueces están obligados a aplicar discernimientos que requieren valoraciones de igualdad, dignidad, justicia, probidad y buena fe, entre otros aspectos que aún no se logran garantizar con el uso de la inteligencia artificial.
En el caso del juez de Cartagena los asuntos que fueron consultados con la inteligencia artificial se citaron como un argumento a tener en cuenta para la decisión e incluso aclara el fallo que su intención no es reemplazar la decisión del juez sino optimizar los tiempos de redacción corroborando la información que le suministra el aplicativo.
A pesar de los interrogantes se celebran los impulsos con los que los operadores judiciales intentan estirar el lazo que históricamente ha sido inflexible respecto del uso de la tecnología de vanguardia en la administración de justicia.
