Sobre la reforma laboral, de una primera lectura al escrito radicado este 16 de marzo por
parte del ejecutivo en el congreso de la república, encontramos varios interrogantes
acerca de la verdadera capacidad que tenga para alcanzar el propósito internacional del
empleo decente.
Si bien la reforma inicia con reiterar los principios constitucionales del derecho al trabajo y
se recogen los pilares del trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo –
OIT-, alcanzar tales objetivos, con la inflexibilidad laboral que se desarrolla en el texto
completo de la reforma, parece ser una simple promesa.
En medio de un comportamiento de la tasa de desempleo con la que cerró el DANE en
enero de 2023 del 13.7% y de una ocupación de tan solo el 54.7% de la población en
edad para trabajar, incrementar los derechos laborales únicamente pensando en la
población que ya disfruta de la formalidad y sin contener incentivos para las pequeñas y
medianas empresas que representan la fuerza productiva y generadora de empleo en
Colombia, no parece prometer realmente el empleo decente para todos.
Se reconoce la necesidad de regularizar aspectos que contempla la reforma como la
contratación de servicios para el agro, los trabajadores migrantes y deportistas, la
transición a una economía descarbonizada que implique la pérdida de mano de obra por
la automatización y el desarrollo del trabajo digital, pero todos estos esfuerzos no podrán
en la práctica garantizar el empleo decente de las personas si no se ofrecen mecanismos
ciertos de flexibilidad laboral para las Mypimes.
La queja del sector productivo, especialmente de Fenalco, es que dicho documento de
reforma no recogió sus propuestas y sólo privilegia a las personas que ya cuentan con el
empleo, a los trabajadores formales y sindicalizados, olvidándose de los más de 15
millones de colombianos desempleados que obtienen sus ingresos para subsistir en
medio de la informalidad.
Medidas como restringir el contrato de prestación de servicios para actividades
permanentes, limitar los términos de uso del contrato por periodos fijos, aumentar las
tasas de indemnización por los despidos sin justa causa, ampliar la jornada nocturna
desde las 6 de las tarde, incrementar las tasas de recargo por trabajo en dominicales y
festivos, si bien se reconoce mejorarían las condiciones de los trabajadores, lo cierto es
que en nada resuelven la necesidad principal del empleo en Colombia, el que sea de
acceso universal y que se ofrezca con garantías, sean mínimas o ampliadas, pero empleo
decente para todos.
A pesar de que el presidente y la ministra del trabajo afirman en su discurso que la
reforma radicada hace énfasis en medidas que mejoren las condiciones de empleabilidad
y anuncian otras para reducir la discriminación de las mujeres, las comunidades étnicas y
las personas de la comunidad LGBTIQ+, lo que realmente contiene el escrito son amplías
promesas de protección sin desarrollar mecanismos reales y que en la práctica
establezcan maneras para promover la empleabilidad de estos colectivos, que finalmente
hacen parte de aquellos que son mayormente afectados por el desempleo y la
informalidad.
El debate ojalá se pueda centrar en la necesidad de la democracia, representada
realmente en todos los sectores de la población trabajadora y que se construyan dentro
del legislativo medidas que sí cumplan la necesidad colectiva del trabajo decente.
