Los ciudadanos debemos asumir la responsabilidad que tenemos con el bienestar de nosotros mismos y de la comunidad por estar organizados a través de un contrato social que nace de la libertad de conciencia de quienes conformamos el estado y aspirando a que éste nos garantice la salud como un derecho.
La protección de ese derecho a la salud se organiza como un servicio público de seguridad social que requiere, por una parte, a un individuo responsable de sí mismo, y por otra, al civil responsable solidario quién en razón a los roles sociales les debe cuidados dependientes a otros individuos.
Las responsabilidades que adquirimos con los demás se representan en distintas posiciones, como la del garante con otra persona, el empleador con su responsabilidad objetiva y subjetiva, los deberes calificados de las autoridades y los profesionales en ejercicio, el buen padre de familia y el buen hombre de negocios.
Dentro de todas esas calificaciones resumidas al buen individuo estamos incluidos todos. Todos los que biológicamente aceptamos o no nuestra predisposición social en el tiempo, los que transitan, los niños, los adultos capaces, las minorías y víctimas, personas con cualidades distintas y eventualmente con limitaciones respecto de los demás, llegando incluso hasta quienes detentan el poder y la autoridad.
Nuestro deber colectivo es asumir la subsistencia con una sana conciencia en relación con el tiempo en que perseguimos la aspiración de bienestar y felicidad.
En medio de esas diferencias que la diversidad humana comparte con el resto de la naturaleza, los individuos contamos con fortalezas para lograr entornos armónicos en lo personal, familiar, laboral y social.
Nuestra conciencia libre nos pone a disposición la herramienta del autocuidado, la que nos invita para que las buenas prácticas y decisiones diarias se conviertan en un hábito que modifique nuestras creencias mientras que atendemos las indicaciones que la ciencia califica como necesarias.
Actuar afirmativamente con responsabilidad representa el aporte individual más valioso a la cultura ciudadana de preservación colectiva, no sólo por el valor del cuidado propio, sino también por la corresponsabilidad que siembra en los demás.
Las reglas jurídicas, que son comunes por acuerdos entre estados y la Constitución Política de Colombia, imponen a “Toda persona el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad”.
En desarrollo de ese deber las leyes que regulan el sistema de salud del país exigen que los afiliados cumplan con “solidaridad, participación y colaboración”, al tiempo que promocionan prácticas saludables desde la primera infancia.
La teoría sostiene que el autocuidado implica primero reconocer que la persona se determina por factores que lo condicionan e influyen, para luego poder alcanzar comportamientos que asertivamente propendan por la salud, aliviando y evitando la enfermedad.
La calificación de lo que es adecuado e inadecuado para la salud y la sostenibilidad nos lo dice la ciencia, aunque también nuestra condición crítica de la información y los datos hacen parte de la toma de decisiones, además, de que la intuición humana ofrece herramientas de interpretación.
La gestión de cultura sobre un ambiente sano y prácticas saludables está contemplada en el sistema de seguridad social en salud con la participación de todos, buscando que se aumente la capacidad ciudadana de intervenir en las políticas que fortalecen el sistema, avanzando en la participación para modificar factores de riesgos y aumentar los estímulos para proteger la salud de todos.
La experiencia de la humanidad dice que las medidas de supervivencia y sostenibilidad requieren de continuidad ciudadana, haciendo a la perseverancia el camino para lograr que las decisiones individuales se conviertan en destrezas aprendidas y, con el tiempo, que alcancemos una mayor cultura social cuidadora de vida.
