La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha descrito el empleo informal como todo trabajo remunerado que no se registra y por tanto no atiende el marco que protege los mínimos legales, al tiempo que es un trabajo en el que la labor la realizan personas sin garantías de estabilidad, ni capacidad para asociarse y sin seguridad social.
En la definición de la OIT lo relevante es que el empleo informal se trata de trabajo invisible ante la ley, incluyendo tanto el servicio que se presta a sí mismo, como en favor de terceros, sin percatarse que los terceros sean entes privados o públicos, personas jurídicas o naturales, asociaciones con o sin ánimo de lucro, al final, el enfoque está en sí cumple o no con la ley.
En sentido contrario el empleo formal es aquél con el que se cumplen los marcos legales que protegen el trabajo, en el que se garantizan los derechos básicos incluyendo una remuneración mínima, se pagan las prestaciones sociales, se otorga el derecho al descanso y se protege con seguridad social, siempre visible ante la ley, es decir, que son empleos que están participando de las actividades productivas mientras que atienden las reglas en las que el estado direcciona para proteger a las personas y regular la economía.
Recordemos que en la realidad de Colombia casi la mitad de la economía es invisible para el estado, sin hablar de la que surge del ilícito y la delincuencia, la economía es informal, no sólo en lo laboral, pues además de que el trabajo es precario, el estado no recauda impuestos, los órganos sanitarios no ejercen fácilmente control y la vigilancia administrativa es casi nula. Esto se determina por la dinámica en que el empleo informal participa de la productividad, generando riqueza al margen de las reglas, pero en medio de una aceptación normalizada por la participación de todos ante la comodidad del ahorro o riqueza que trae a los bolsillos de cada quién.
Justo ahora en plena pandemia y con la inminente necesidad de reactivar las actividades productivas, el reto está en superar no sólo los lastres históricos de la informalidad de la economía, sino que se le suman los índices de la mayor caída del PIB en la historia del país y las peores tasas de desocupación, todo como un signo de revelación de la crudeza de los efectos de la informalidad.
La tareita la tenemos todos, y me incluyo con todos los que con privilegio hemos podido en el aislamiento estar en nuestras casas y ser testigos de las necesidades de los trabajadores informales, ofreciendo el siguiente ejemplo de memoria fotográfica: a los que antes veíamos todos los días en los semáforos ahora se acercaron a nuestras casas usando su voz de perifoneo para que les compren o los ayuden, pues en la calle, en su lugar de trabajo no había gente.
La normalidad que es para todos no ver a esta parte de la economía que participa en la productividad, se confirma con las medidas de apoyo que excepcionalmente fueron implementadas en el marco de la emergencia económica, además de que evidencia de qué manera la administración pública comprende el empleo.
El programa de apoyo al empleo formal (PAEF) aunque pudiere intuirse de su definición que estaba dirigido a subvencionar con apoyos a la estabilidad de los trabajos de todos los que cumplían los marcos legales, la realidad fue que su enfoque y nombre no abarcó a la totalidad del empleo formal en Colombia, pues el PAEF, sólo tuvo foco en el trabajo dependiente, en principio en el trabajo subordinado que las personas jurídicas contratan, debiendo la sociedad llamar la atención para que se incluyeran a las personas naturales, a los consorcios y a las entidades sin ánimo de lucro.
El enfoque que se espera de un programa para el empleo formal es que apunte a lo que se puede leer comúnmente en medio de la dinámica del trabajo formal e informal, me refiero a los que acatan la ley y los que no, con medidas que como mínimo reconozcan y premien a los que el empleo lo generan de manera visible ante la ley, que pagan impuestos y que reconocen derechos, en una eventual lógica de redistribución que favorezca por asumir el alto costo de las obligaciones que representa la legalidad del empleo. Como aspiración más alta, ya se podría considerar que un programa integral para el empleo formal promueva medidas que impulsen a que algún día no existan trabajos precarios.
El PAEF a los trabajadores independientes los olvidó y por supuesto tampoco incluyó a los informales, a ellos se les asignaron las ayudas que por transferencias de programas asistenciales se ofrecieron, dejando como inquietud si se acercan a ser ingresos dignos y una evidente conclusión sobre la formulación de la medida; no busca apoyar a personas trabajadoras sino a las familias que tienen hambre.
Una mayor aspiración propone seguir el objetivo que representa alcanzar que el trabajo sea decente, foco para no olvidar en medio del camino que buscaría corregir la dinámica de la informalidad de la economía en Colombia, implicando con ello que el trabajo sea productivo, se preste en condiciones adecuadas y con protección social, como lo propone la OIT para las personas y la sociedad: “un trabajo que sea instrumento de superación permanente, un lugar para desarrollar sus capacidades”.