El impacto en el mercado laboral del reciente fallo contra ChatGPT en la India
La agencia de noticias India ANI demandó a OpenAI, dueña de ChatGPT, por usar sus artículos para entrenar el modelo y, según la ANI, terminaba reproduciendo su trabajo periodístico sin pagar por ello. El 24 de julio de 2026, un juez de la Alta Corte de Delhi le negó el derecho a la ANI y le permitió a OpenAI seguir con el uso de los artículos para continuar con el entrenamiento.
¿Cuáles fueron las razones? Básicamente, primero, porque a nivel preliminar el uso de esos artículos para “entrenar” al modelo se parecía más a una consulta o un análisis que a una copia, algo que la ley de la India permite bajo ciertas condiciones. Segundo, porque las respuestas de ChatGPT no eran calcadas de las notas originales. Y tercero, siendo el argumento más contundente, porque la ANI pudo bloquear a OpenAI el acceso a su página web y no lo hizo, además del análisis sobre el interés general en el que se sustenta el beneficio para millones de personas que usan estas herramientas de inteligencia artificial a diario.
El fallo es provisional y apelable, implicando así que el debate no ese encuentra aún cerrado. No obstante, con estas decisiones, se marca una tendencia hacia la elección de permitir que el desarrollo de la IA se extienda, a pesar del costo de proteger a un titular de derechos de autor que pudo defenderse y no lo hizo. En Alemania, por el contrario, un tribunal le dio la razón a un colectivo de autores en un caso parecido.
Colombia no tiene todavía una norma clara para estos casos. Las normas vigentes no prevén que una máquina pueda “leer” millones de textos para aprender de ellos, y el proyecto de ley de inteligencia artificial que hoy discute el Congreso se concentra en principios éticos y en clasificar riesgos, sin resolver todavía este punto concreto. Tarde o temprano, un caso similar llegará a un juzgado colombiano, y hoy no tenemos una regla clara que lo resuelve.
Como asunto adicional e interesante del caso, se tiene que las notas que la ANI reclamaba como propias, no las escribió la empresa como tal, las escribieron periodistas y traductores que trabajan para ella. Lo que está en juego ahora, es si una tercera empresa puede aprovechar ese trabajo sin que nadie, ni siquiera el empleador, ni mucho menos el trabajador, reciba nada a cambio.
Eso tiene un efecto muy concreto sobre el empleo. Si una IA puede replicar razonablemente bien lo que hace un periodista, un traductor o un redactor, sin pagarle a nadie por el material con el que aprendió, el valor de esos oficios en el mercado tiende a la baja. Y el mismo argumento que usó el juez de Delhi, esto es el interés público para que la tecnología avance, es el que ya empiezan a usar algunos empleadores para justificar el uso de IA en la selección de personal, la evaluación de desempeño o incluso en decisiones de retiro.
Las normas laborales vigentes de más de setenta años en Colombia sí que menos tienen previsiones para resolver estas necesidades.
El fallo de Delhi, entonces, no es solo una noticia de tecnología para especialistas en propiedad intelectual, sino que se convierte en una señal de hacia dónde puede ir la conversación cuando llegue a Colombia, y una invitación a que, mientras el Congreso legisla sobre IA, no se le olvide pensar también en quienes trabajan detrás de cada dato que alimenta a estos modelos y el impacto en el mercado laboral.
