El reciente Decreto 0991 de 2026 ordena de manera clara cómo deben afiliarse y cotizar a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales los repartidores de plataformas digitales, considerándolos trabajadores independientes y autónomos.
La normativa se preocupa por dejar claro que la afiliación no genera una relación laboral con la plataforma digital, pues es explicita en indicar que afiliar al repartidor a la seguridad social no es indicio de que exista un contrato de trabajo ni de subordinación laboral, por lo tanto, el repartidor sigue siendo un trabajador independiente, pero con una protección social garantizada.
La norma reparte la carga entre la plataforma y el repartidor, disponiendo que el 60% de los aportes a salud y pensión corre por cuenta de la empresa digital, y el 40% por cuenta del repartidor, descontado directamente de lo que gana en la aplicación. En riesgos laborales se sigue la regla principal y es que la plataforma paga el 100% sobre el nivel del riesgo que se defina en la actividad.
El decreto considera que los ingresos de los repartidores pueden ser en el mes, inferior, igual o superior al salario mínimo legal mensual, extendiendo la cotización por tiempo parcial a aquellos que sus ingresos sean inferiores al mínimo, exonerándolos de cotizar a salud con cargo al régimen contributivo, conservando su afiliación al régimen subsidiado o como beneficiarios, sin que se les descuente nada por ese concepto. Para pensión, sí hay cotización obligatoria, pero calculada de forma proporcional al ingreso inferior al mínimo. Así, aunque el ingreso sea variable, el repartidor va construyendo semanas para su futura pensión sin que se le exija más de lo que realmente puede pagar.
Cuando el repartidor gana un salario mínimo o más al mes, opera bajo las reglas generales de cualquier trabajador independiente, debiendo proceder con la afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, con un aporte calculado sobre el 40% de sus ingresos reales, sin que ese aporte pueda quedar por debajo de un salario mínimo legal mensual vigente.
El decreto también resuelve cómo cotizar en el caso de los repartidores que prestan servicios para varias aplicaciones al mismo tiempo, indicando que cada plataforma responde únicamente por los ingresos que ella misma le pagó, además de que indica que, si hay meses sin actividad, la plataforma debe reportarlo oportunamente al sistema de seguridad social, sin generarle ningún perjuicio al repartidor.
Procurando apoyar a hacer realidad los propósitos de cobertura a la seguridad social para esta población trabajadora, la norma crea un programa de incentivos económicos que puede ayudar a cubrir la diferencia entre lo que realmente cotiza el repartidor y el mínimo necesario para tener cobertura plena en riesgos laborales, incentivos que se proyectan financiar con recursos del Fondo de Riesgos Laborales y sujetos a la disponibilidad presupuestal de cada año.
El decreto prevé una transición de implementación de la normativa de doce meses, contados desde que el Ministerio de Salud certifique que los formularios, la PILA y los sistemas de reporte están listos para operar.
